Quieres tener una aproximación de lo que estamos viviendo?

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Quieres tener una aproximación de lo que estamos viviendo?

Mensaje por Co2 » 18 Ago 2014, 17:51

Lo que hemos vivido estos días está claro que parte de una base multicausal, en la que hay múltiples intereses, y sobre todo, mucha información viciada. Esta tarde me he topado con este artículo que, si bien es un ladrillado, explica muy bien y desde la base, el por qué hemos llegado a esta situación, quién es Tebas, Samper, los intereses de Hacienda...

El autor no es periodista, pero ha hecho un trabajo genial y riguroso: de los que ya no se ven el en periodismo.

Os recomiendo encarecidamente la lectura.


LFP - Real Murcia: caso abierto
La decisión de no inscribir al Real Murcia en Segunda División y la posterior readmisión del club ordenada por el juzgado de lo mercantil han paralizado el arranque de la competición. En medio del fuego cruzado, intentamos dar una visión global de lo sucedido.



Desde hace un par de años, la LFP se ha impuesto un régimen de control económico y financiero con el que, de la mano del CSD, intenta reconducir la delicada situación de muchos de sus miembros. Siguiendo criterios similares a los aplicados por la UEFA en su Financial Fair Play, los clubes profesionales acordaron en su día limitar los gastos en salarios en función de sus ingresos y se comprometieron a reducir la enorme deuda acumulada después de demasiadas temporadas de aparente barra libre. Siempre de acuerdo con el Consejo Superior de Deportes, que supervisa las operaciones, y especialmente desde la elección de Javier Tebas como presidente de la LFP en abril de 2013, los clubes de Primera y Segunda División han venido introduciendo cambios en los estatutos del organismo para obligarse a cumplir determinadas condiciones económicas so pena de quedar fuera del fútbol profesional.

La última modificación estatutaria se produjo hace escasamente dos meses. En una Asamblea General Extraordinaria celebrada el 21 de mayo, y a propuesta de la Comisión Delegada (formada por representantes de doce clubes), los 42 miembros de la LFP pactaron establecer una serie de ratios de endeudamiento cuyo incumplimiento impediría la inscripción del equipo en la organización y, por tanto, imposibilitaría su participación en la Liga. Según ha declarado Javier Tebas, esta medida se aprobó con el voto a favor de 40 de los 42 equipos representados (al voto de cada club de Primera se le aplica un coeficiente 1’1, mientras que el de cada club de Segunda tiene el valor de 1, igual que el voto del presidente de la LFP). Posteriormente, el 16 de junio, otra Asamblea General Extraordinaria ratificaba el acuerdo y decidía elevar la propuesta de cambio de estatutos al CSD, que dio su visto bueno al nuevo texto el 30 de junio.

De esa manera, la modificación ya empezaría a surtir efectos de cara a las inscripciones para la temporada 2014-2015, cuyo plazo se cerraba el pasado 31 de julio. Estando todos de acuerdo en que las deudas hay que pagarlas y a favor de instaurar un control económico más estricto que redunde en una mejor Liga a todos los niveles, la pregunta parece lógica: ¿era necesario y/o recomendable darse tanta prisa para introducir este cambio en concreto? ¿No hubiera sido más acertado conceder un periodo de transición antes de la entrada en vigor de los ratios? Sobre todo porque, teniendo que tomar la decisión sobre las inscripciones apenas tres semanas antes del inicio de la Liga y conociendo los precedentes de nuestro fútbol, era relativamente previsible que ocurriera algo parecido a lo que está ocurriendo. Son preguntas a las que deberían responder todos los clubes, ya que ellos fueron quienes optaron por esta premura votándolo tan mayoritariamente en Asamblea.

Los dos ratios en cuestión, negociados durante meses por los clubes (aunque oficialmente se aprobaran a última hora, el presidente de la LFP ha insistido en que estaban acordados desde marzo de este año), aparecen en el artículo 55 de los estatutos de la LFP (titulado “Requisitos de afiliación a la Liga”), en su nuevo punto número 17, y miden la capacidad de pago de las deudas contraídas por cada equipo. Siendo “T” la temporada para la que se tramita la inscripción, para el cálculo se usan datos auditados a fecha 31 de diciembre de T-1 (de 2013, en este caso), aunque los clubes pueden optar por usar datos auditados a 30 de junio (de 2014, en esta primera ocasión) si les resultan más beneficiosos. También hay ajustes específicos para clubes recién ascendidos o descendidos que no vienen al caso.

Ratio 1: Pasivo no corriente + Pasivo corriente – Pasivo por Impuesto Diferido – Tesorería – Deudores de entidades deportivas / Cifra de Negocios del ejercicio T-2

Ratio 2: Pasivo corriente – Tesorería – Deudores de entidades deportivas / Cifra de Negocios del ejercicio T-2

Para los neófitos, el pasivo no corriente son las deudas a pagar en un plazo de más de un año (aunque, según se indica luego en la norma, las deudas a más de cuatro años quedan fuera de este concepto). El pasivo corriente son las deudas a corto plazo, cuyo vencimiento se producirá en menos de un año. El pasivo por impuesto diferido hace referencia al importe de las diferencias de valoración de determinadas operaciones a efectos contables e impositivos (aunque el nombre pueda llevar a engaño, no se refiere a impuestos aplazados, sino a diferencias generadas porque los criterios de valoración contables no siempre coinciden con los fiscales). La tesorería es la cantidad de dinero que el club tenga en efectivo, en cuentas corrientes o en otros activos fácilmente convertibles en liquidez. Los deudores de entidades deportivas son las cantidades que le deben al club otros equipos, generalmente por los traspasos de jugadores. Y, por último, la cifra de negocio del ejercicio T-2 son los ingresos obtenidos por el club en el ejercicio anterior al del resto de datos (en este primer año de aplicación se trataría de los ingresos de la temporada 2012-2013).

Económicamente, el resultado del primer ratio vendría a indicar cuántos años tardaría el club en eliminar toda su deuda actual (al menos la que vence desde hoy hasta dentro cuatro años) si sus ingresos se mantuvieran estables y los dedicara exclusivamente a pagarla. El resultado límite acordado por la Asamblea de la LFP fue de 4’5 para este primer ejercicio de aplicación, pero irá reduciéndose progresivamente hasta 2’55 en la temporada 2022-2023. El resultado del segundo ratio indicaría algo similar pero referido solamente al pago de la deuda cuyo vencimiento es inminente, y su límite para permitir la inscripción se estableció en 2’75 (también se irá reduciendo hasta alcanzar el 0’80 en 2023). Basta con cumplir uno de los dos coeficientes para poder ser inscrito en la LFP.

Se trata de unos márgenes bastante amplios cuyo incumplimiento en cualquier otro sector implicaría estar hablando de una empresa con serias dificultades para continuar con su actividad. Pero, además de esta aparente manga ancha (al menos en este primer año), la Asamblea de la LFP también acordó que quien incumpliera los ratios podría presentar documentos que, a juicio del Comité de Control Económico de la LFP, probaran cambios significativos en su situación económica que dejaran al club en condiciones de cumplir los límites.

Es decir, que quien no pudiera ser inscrito de acuerdo con esos datos de la temporada recién concluida, tenía una última oportunidad para renegociar y pasar a más largo plazo deudas exigibles a menos de uno o cuatro años (en función del ratio que le resultara más sencillo cumplir), o para aumentar su tesorería, por ejemplo, y justificar así ante la LFP que a 31 de julio de 2014 sus números sí cuadraban dentro de los límites. Varios clubes se acogieron a este último recurso y, en un frenético mes de julio, consiguieron cumplir las exigencias de la LFP, pero no todos llegaron.



LOS PROBLEMAS DEL REAL MURCIA C.F. S.A.D.
Jesús Samper Vidal, nacido en Madrid en 1950 y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, fue un hombre clave en el convulso fútbol español de los años ochenta. Primero como asesor jurídico externo del Real Madrid, luego como abogado de la Federación Española y después como representante de los clubes, Samper jugó un papel fundamental en los diversos conflictos planteados a comienzos de aquella década entre equipos, jugadores, federación y administraciones públicas que, en última instancia, desembocaron en la creación de la Liga de Fútbol Profesional en 1984. En ese momento Jesús Samper fue nombrado secretario general del organismo, cargo desde el que vivió la implantación del sistema de Sociedades Anónimas Deportivas a principios de los 90 (y que entonces implicó el primer descenso administrativo del Real Murcia por no completar su conversión en SAD) y la famosa ampliación de la Primera división a 22 equipos.

En 1996 fue forzado a dimitir tras un nuevo enfrentamiento entre clubes, motivado en este caso por la venta de los derechos televisivos. Pero Samper no tardó en regresar al fútbol; en realidad, nunca se fue. En ese mismo año pasó a dirigir ISL Marketing España, filial española del grupo ISL, encargado de la gestión de derechos comerciales y audiovisuales de entidades deportivas como la FIFA y el COI (y de cuya quiebra y consecuencias derivadas ya escribí en su día). En 1998, a través de ISL, Samper adquiría el grupo Santa Mónica Sports, que desde 1996 tenía los derechos de gestión de patrocinios de la RFEF (esa relación entre Santa Mónica y la Federación Española se prolongaría hasta 2013, y volveremos sobre ella más adelante) y, meses después, usaba otra sociedad para hacerse también con la mayoría accionarial del Real Murcia, entonces en Segunda B y con serios problemas económicos. Junto con su cuñado, Juan Manuel Trujillo, inició entonces una controvertida gestión que, si bien devolvió al equipo grana en dos ocasiones a la Primera División (2003 y 2007), económicamente nunca fue demasiado exitosa.

Uno de los primeros momentos calientes se produjo en el año 2003. Jesús Samper, propietario de un Real Murcia que firmaba entonces su regreso a Primera División catorce años después, rompió el acuerdo que había firmado inicialmente con el resto de clubes de Segunda y algunos de Primera para negociar conjuntamente la venta de sus derechos de televisión. El llamado G-30, representado por Javier Tebas (que actuaba entonces en nombre del Alavés), tenía sobre la mesa varias ofertas pero no acababa de decidirse por ninguna, y durante aquel verano planeó sobre la LFP la sombra de un posible cierre patronal. Los otros doce clubes, entre ellos el Murcia, negociaron individualmente la venta de sus derechos, dándose la curiosa circunstancia de que Samper, propietario también de Santa Mónica Sports, una de las compañías que pujaban por el contrato con el G-30, prefirió para su Real Murcia la oferta de Sogecable. A ultimísima hora, y tras confiar primero en una desconocida empresa (Phedra Sport) que resultó no poder avalar las cantidades ofrecidas, el G-30 acabó firmando también con Sogecable.

No obstante, al haber roto el pacto firmado anteriormente con el resto de miembros del G-30, tanto el Murcia como el Racing de Santander (curiosa casualidad) se enfrentaron a sendas denuncias de aquella coalición. En el caso del Murcia, el G-30 exigió el pago de una compensación de 5 millones de euros que Samper se negó a abonar. Ante esa negativa, la LFP (controlada de facto por esos 30 clubes) impidió al Murcia inscribir a sus fichajes de la temporada 2004/2005, si bien la RFEF intercedió por el club murciano y tramitó las fichas por su cuenta.

Aunque había razones jurídicas derivadas de la interpretación de los estatutos de Liga y Federación que podían avalar esa postura federativa, que Santa Mónica Sports, la empresa de Samper, fuera entonces uno de los principales sostenes económicos de una federación que vivía con el agua al cuello sirvió para sembrar ciertas dudas interesadas sobre los motivos reales de la decisión de la RFEF (justo es decir que Santa Mónica también gestionaba contratos de marketing de muchos clubes de la LFP). Tampoco ayudó a aclarar públicamente el asunto el hecho de que, en aquel convulso 2003, el propio Javier Tebas hubiera denunciado la gestión de Ángel María Villar ante los tribunales. Así, no faltó quien pintara todo aquel conflicto como un simple juego de personajes enfrentados.

Debido a esa peculiar inscripción de algunas de sus fichas, el G-30 denunció varias veces al Murcia por alineación indebida, aunque el Comité Español de Disciplina Deportiva falló siempre a favor de la entidad grana. Mientras tanto, el asunto de la compensación económica por romper el pacto del G-30 llegó a los juzgados, que primero dieron la razón al club de Samper, por lo que en 2007 éste demandó por daños y perjuicios a los componentes del G-30 y amenazó con hacer lo propio con Javier Tebas ("Está obsesionado conmigo", decía Samper).

Aunque no he podido confirmar si finalmente presentó esa demanda contra él, sí es cierto que durante ese mismo año 2007 Murcia y Racing de Santander (el otro club que rompió el pacto del G-30 y al que se le reclamaron por ello 2'5 millones) manifestaron en repetidas ocasiones su disconformidad con que Tebas permaneciera en su cargo de vicepresidente de la LFP al mismo tiempo que su despacho de abogados asesoraba a varios futbolistas en sus denuncias a los clubes por impagos. Finalmente, en 2010 la Audiencia Provincial de Madrid acabaría dando la razón al G-30 y esos cinco millones reclamados por el grupo representado por Tebas pasaron a engrosar la deuda del Real Murcia.

Paralelamente, Samper y su entramado societario participaron en diversas operaciones urbanísticas en Murcia relacionadas con la construcción de la Nueva Condomina y su entorno que acabaron en los tribunales (el denominado "caso Umbra", en el que Samper fue imputado y que aún continúa investigándose), y en la actualidad sigue involucrado en ambiciosos proyectos en la Región. Uno tiende a sospechar que la compra del Real Murcia fue una excusa para acercarse a esos otros negocios que, durante unos cuantos años, en España fueron bastante más provechosos que cualquier otro, pero ésa es una cuestión que debe quedar al margen en este asunto. Lo importante es que, once años después de llegar al club, y tras comprar la participación accionarial de su cuñado, Samper se vio obligado a solicitar el concurso de acreedores en el Real Murcia.

Según diversas informaciones, en 2009 la deuda concursal ascendía a 29 millones de euros (cinco de ellos, con la Agencia Tributaria) y creció hasta casi 35 tras confirmarse la derrota en el juicio contra el G-30. Pese a ello, en una resolución nunca vista en casos similares, el club pimentonero pactó en 2010 un convenio con los acreedores sin quita alguna de la deuda: todo se pagaría en cinco años. Fuera de ese acuerdo quedaron los siete millones que, en aquel entonces, debía el Murcia a las empresas del propio Samper, y para los que el dirigente estableció otro plan de pagos distinto, más flexible. ¿Fueron esos siete millones adeudados a su propietario los que llevaron al club a no aprovechar el concurso para reducir sensiblemente su deuda, como sí hicieron el resto de equipos acogidos a procesos similares? Sólo Samper lo sabe.

En cualquier caso, los problemas económicos continuaron y, tras atender los dos primeros plazos anuales pactados, el año pasado el Real Murcia se vio incapaz de seguir cumpliendo con el convenio. Aunque se había salvado en los despachos de un descenso deportivo a Segunda B (irregularidades en la transformación del Guadalajara en SAD motivaron la repesca del Murcia), el futuro era bastante incierto: la deuda seguía creciendo, Hacienda no aceptaba las propuestas de aplazamiento por falta de garantías (la Agencia Tributaria llegó a embargar los 2’5 millones de euros que el club recibía de las televisiones) y la LFP, ya presidida por Tebas, congeló al club los derechos de inscripción de nuevos jugadores por los impagos a antiguos futbolistas.

La deuda con Hacienda, de cinco millones en 2009, ascendía ya a catorce, y los problemas económicos acuciaban también al grupo Santa Mónica Sports: la RFEF había rescindido su contrato en marzo del año pasado entre informaciones de que la empresa, poseedora de los derechos comerciales y televisivos de la federación, había dejado un agujero de 14 millones de euros en el organismo; además, el Athletic Club le reclama tres millones por incumplimiento de contrato (no obstante, el grupo ha seguido operando aparentemente sin mayores dificultades gracias a otras divisiones y a sus contratos con la AFA argentina y otros organismos de Sudamérica). Centrándonos en el Real Murcia, Jesús Samper avisó en la Junta General de Accionistas de diciembre de 2013 que si no se llegaba a un acuerdo de aplazamiento con la AEAT sería casi imposible inscribir al club en la LFP la siguiente temporada. Todo esto, mucho antes de que los ratios fueran aprobados por la LFP.



EL PAPEL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
Y aquí entra en juego la tercera pata de este banco, que no es otra que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Colaboradora necesaria durante muchos años, a base de hacer la vista gorda, en la gestación del problema de sobreendeudamiento de los clubes profesionales de fútbol, desde hace un tiempo la Agencia Tributaria venía buscando soluciones negociadas con los equipos para que éstos pagaran poco a poco las cantidades que se le debían. Sin embargo, una modificación legislativa en 2012 y un posterior cambio de criterio en relación al aplazamiento de impuestos a empresas en concurso de acreedores (no sólo para los clubes de fútbol) han puesto en apuros a varios equipos y a muchas empresas de otros sectores.

En primer lugar, la modificación del artículo 65.2 de la Ley General Tributaria implica la inadmisibilidad de las solicitudes de aplazamiento que incluyan deudas inaplazables. Básicamente, esto quiere decir que, por ejemplo, a las empresas no se les pueden conceder aplazamientos del pago de las retenciones por IRPF de sus empleados: las peticiones serán rechazadas y, además, esas cantidades no pagadas a tiempo devengarán recargo desde el primer día (y no como antes, cuando los intereses empezaban a correr desde que Hacienda comunicara su negativa al aplazamiento). Pero, como siempre, a la hora de la verdad hay excepciones, y el reglamento de desarrollo de la ley todavía permitía a Hacienda conceder esos aplazamientos si, de no hacerlo, la empresa solicitante corriera el riesgo de tener que echar el cierre y/o despedir a sus trabajadores, o si la deuda fuera tan grande que para las arcas públicas fuera preferible cobrarla más adelante que arriesgarse a exigirla ahora y no cobrarla por las dificultades en las que pondría al deudor.

Los clubes de la LFP con deudas con Hacienda parecían encajar de sobra en ambos supuestos, de modo que los aplazamientos y los acuerdos de refinanciación eran habituales incluso tras esa reforma de la Ley. Pero en el mes de julio de 2013 se renovó a toda la cúpula de la Agencia Tributaria a raíz del escándalo producido por los falsos datos fiscales de unos presuntos inmuebles de la Infanta Cristina, y la nueva directora del Departamento de Recaudación de la AEAT, Soledad García López, cambió la forma de actuar del organismo. García López entendía que por esa gatera de las excepciones se estaba colando demasiada gente que, pudiendo pagar en tiempo y forma, se aprovechaba de los aplazamientos para retrasar el pago, perjudicando a Hacienda. Así que el 9 de diciembre de 2013 envió una instrucción a su departamento para que afinara el estudio de esas peticiones de aplazamiento y rechazara las que no cumplieran escrupulosamente con todos los mandatos legales; de paso, también resolvía algunas dudas respecto a los aplazamientos solicitados por empresas en situación de concurso de acreedores.

Según esta instrucción, a partir del 1 de enero de 2014 debería denegarse cualquier aplazamiento solicitado por empresas salidas de concurso de acreedores que hubieran incumplido su convenio de pago, siempre que por ese incumplimiento se hubiera iniciado ya el proceso de liquidación de la entidad morosa. A juicio de la directora de recaudación, esas empresas, a las que ya se les había concedido en el concurso la posibilidad de reconducir sus finanzas y pese a ello volvían a las andadas, no verían demasiado perjudicada su ya maltrecha situación porque Hacienda pretendiera cobrar lo suyo. En otras palabras: el problema de supervivencia no se lo generaría esa negativa de aplazamiento de Hacienda, sino su mala gestión anterior, por lo que no sería de aplicación la primera excepción del reglamento.

En marzo de este mismo año, ya con las nuevas instrucciones de la Directora de Recaudación plenamente vigentes, la delicada situación del Murcia se complicó con la denuncia de varios acreedores (entre ellos, la AEAT) por incumplimiento del convenio concursal, lo que iniciaba en los juzgados el procedimiento de disolución e implicaba la denegación automática de cualquier solicitud de aplazamiento por parte de Hacienda. La Agencia Tributaria, de hecho, llegó a embargar en mayo los terrenos de la ciudad deportiva de Cobatillas, así como la recaudación de varios partidos, para cobrarse parte de esas deudas ya vencidas y no atendidas. A finales de junio, Samper anunció que propondría a Hacienda un plan de pagos a cinco años; obviamente, ese plan no fue aceptado, y ni siquiera el dinero ingresado por la venta de Kike, máximo goleador de la pasada Liga Adelante, sirvió para desbloquear el conflicto.

En cuanto a la segunda excepción prevista en el reglamento tributario para conceder un aplazamiento, la del perjuicio grave a la Hacienda Pública, las malas lenguas (porque esto ya no figura en la instrucción) cuentan que la AEAT estaría dispuesta a perder unos pocos millones por la desaparición de algún club con tal de escarmentar a los demás y no tener problemas para cobrar el resto de los 482 que, según comunicó la LFP en julio, le debe el fútbol profesional en su conjunto. Más allá de la veracidad y de lo razonable o no de ese hipotético planteamiento, entramos de nuevo en el terreno de una rumorología alimentada por otro enfrentamiento personal entre responsables de distintas entidades: Javier Tebas Medrano y Soledad García López se conocen bastante bien desde, al menos, el año 2011, cuando el Rayo Vallecano entró en concurso de acreedores.

Poco después de que la familia Ruiz Mateos vendiera el club a Raúl Martín Presa, éste contrató al bufete de Tebas para que gestionara todo lo relacionado con el proceso concursal que se avecinaba en el club rayista. Por su parte, el juez de lo mercantil encargado de dirigir el concurso voluntario al que se acogió el Rayo nombró a Soledad García como uno de los tres administradores concursales de la entidad vallecana, representando los intereses de una Agencia Tributaria a la que el Rayo debía casi 20 millones de euros.

El concurso, si bien alcanzó su objetivo de salvar a la entidad franjirroja, no fue precisamente modélico en las formas (los administradores llegaron a denunciar al técnico José Ramón Sandoval y a la plantilla por diversas irregularidades en el cobro de sus emolumentos y aún hoy se discute sobre el coste del proceso) y los enfrentamientos entre Tebas, García y el resto de administradores fueron constantes. El Rayo salió finalmente del concurso en enero de este 2014, aunque ya sin Tebas y García, que habían dejado el caso en 2013: primero Tebas, al llegar en abril a la presidencia de la LFP (aunque su despacho sí siguió trabajando con el club de Vallecas), y luego García, al ser ascendida en el organigrama de la AEAT.

El asunto es que la enemistad entre ellos parece manifiesta y, a pesar de que la instrucción lanzada por García afecta a todos los sectores económicos y no sólo al fútbol, no falta quien piensa que en esa decisión de Hacienda hay un interés personal de la responsable de recaudación por poner en problemas a la asociación que preside Tebas. Y es que otro de los requisitos exigidos por la LFP para tramitar la inscripción de los equipos es el de presentar un certificado en el que la AEAT acredite que se encuentran al día en sus obligaciones tributarias (es decir, que no deben nada o que, si lo deben, está correctamente aplazado). Como todos los aplazamientos que se estaban solicitando en 2014 eran desestimados sistemáticamente por Hacienda (hasta siete clubes entraron en julio con ese problema, según informó el diario AS), esos certificados no se podían expedir, de modo que el desbarajuste que la orden dada por García podía generar en la organización presidida por Tebas era de aúpa.

De hecho, para evitar un descenso administrativo masivo, a última hora la LFP se vio obligada a exonerar del requisito del certificado a los equipos afectados por el cambio de criterio de la AEAT. Sin embargo, el peligro se mantenía para aquellos a los que la negativa de Hacienda les impidiera cumplir los ratios de deuda. Quizás para preparar el terreno en vista de lo que se avecinaba, la LFP se dio más prisa que nunca en anunciar la reducción de deuda tributaria de sus equipos: según un comunicado del día 29 de julio, el 30 de junio de 2014 los equipos debían hasta 165 millones menos que en 2013. Normalmente esa información se proporciona cuando el CSD publica su informe anual y el de la temporada anterior se había dado a conocer en mayo de este año, por lo que sorprendía bastante la celeridad y el afán de la LFP por comunicar esa buena noticia.

Los ataques del presidente de la patronal del fútbol español a la cúpula de Hacienda se agudizaron a medida que los clubes con más problemas iban viendo cómo desde el departamento de Soledad García se rechazaban acuerdos de aplazamiento e incluso pagos parciales que, en muchos casos, ya habían sido previamente pactados con las delegaciones territoriales. “Parece que todos los anteriores directores generales de recaudación estaban equivocados y que la actual no. Que cada uno valore quién es el culpable”, declaró Tebas en una entrevista publicada en AS el 31 de julio.

No hay que ser un lince para sospechar que con estos movimientos mediáticos la dirección de la LFP pretendía poner de manifiesto la inflexibilidad que estaba mostrando Hacienda con quien parecía estar esforzándose para pagar, para que de esta forma todas las miradas de los aficionados afectados se dirigieran a la AEAT… y a Soledad García. En parte, Tebas consiguió su propósito, puesto que en las últimas horas antes del cierre del plazo de inscripción se produjeron manifestaciones frente a las delegaciones provinciales de Hacienda en varias ciudades con equipos implicados. Como en 1995, aunque en menor cantidad que entonces, muchos aficionados prefirieron presionar a las autoridades en busca de una solución desesperada antes que pedir explicaciones a los directivos de su club por su mala gestión económica.

Llegado el 1 de agosto, la LFP recopiló la documentación presentada por sus afiliados y comprobó que el Real Murcia y el Racing de Santander incumplían los dos ratios establecidos en el nuevo artículo 55 de sus estatutos, por lo que se denegaba provisionalmente su inscripción, aunque la decisión debía ser ratificada por la Comisión Delegada una semana después (por lo que aún había un brevísimo plazo para arreglar las cuentas). Como en ambos casos se señalaba a Hacienda como “culpable” por no haber accedido a renegociar la deuda tributaria de los clubes, el mismísimo Ministerio de Hacienda se apresuró a publicar un breve, sorprendente y, en mi opinión, bastante poco acertado comunicado en el que salía en defensa de la Agencia Tributaria y aclaraba que los descensos de categoría no se producirían porque los equipos tuvieran deudas con la AEAT, sino que serían consecuencia de la norma interna por la que se rige la LFP.

Tres días después, el lunes 4 de agosto, la Liga respondía con otro comunicado. Dirigiéndose siempre a la Agencia Tributaria, a pesar de que quien había emitido el primer escrito había sido el Ministerio del que ésta depende (en un aparente descuido que, para muchos, esconde un dardito envenenado de Tebas a Soledad García López, supuesta inductora del precipitado comunicado del ministerio), la LFP insistía en que la Ley del Deporte de 1990 le habilita a imponer sanciones de descenso de categoría a sus afiliados si éstos no cumplen con sus obligaciones tributarias. No sólo era un comunicado bastante más completo y serio que el del Ministerio de Hacienda, sino que empleaba un tono duro que hacía hincapié en el flagrante desconocimiento de la ley que había mostrado la administración pública. Ese deficiente comunicado del Ministerio, por cierto, acabaría jugando a favor del Murcia en su defensa ante los tribunales.

Pero aquel 4 de agosto Racing y Murcia todavía esperaban la decisión definitiva. El club cántabro, que tampoco obtuvo de Hacienda el aplazamiento deseado de los 6’5 millones de euros que debía al erario público, presentó a la LFP diversos acuerdos de refinanciación con muchos de sus acreedores privados que eliminaban del pasivo a corto plazo parte de esas deudas y le permitían cumplir con uno de los ratios establecidos. Tras la preceptiva revisión de dichos documentos, el 7 de agosto la Comisión Delegada de la LFP aprobaba la inclusión del Racing en Segunda división. Pero el Real Murcia, por su parte, descubría aquel día otra desagradable sorpresa: la LFP se negaba a tramitar su inscripción por incumplir los ratios y, además, hacía pública una sanción que significaba su descenso automático a Segunda B incluso aunque hubiera cumplido los coeficientes económicos.

Debido a la reincidencia en los impagos a la Agencia Tributaria y a que durante la temporada pasada ya se había expedientado al Murcia en dos ocasiones por dicho motivo, el Juez Único de Competición confirmaba el descenso administrativo e imponía al club una multa de 180.000 euros. A dos semanas del comienzo de la competición, su plaza en Segunda división era ofrecida al Mirandés, que no tenía problemas para acreditar el cumplimiento de los requisitos económicos de la LFP pero que debía empezar una veloz tarea para planificar una nueva temporada en el fútbol profesional. Para rematar la faena, la RFEF decidía no tocar más la composición de los grupos de Seguda B, de modo que el Murcia debería ocupar la plaza del Mirandés en el Grupo 1 y jugar contra los equipos de Galicia, Asturias, Castilla y León... A partir de ahí comenzaba el embrollo jurídico y administrativo en el que está envuelto el fútbol español.



LA HORA DE LOS TRIBUNALES
El Real Murcia había sufrido dos castigos: uno organizativo, la no inscripción por no cumplir los ratios, y otro disciplinario, el descenso por reincidir en sus deudas con Hacienda. Recurrido el descenso disciplinario al Tribunal Administrativo del Deporte, éste dio la razón a la LFP (ahora el Murcia, tras criticar muy duramente esa decisión, puede recurrirla en el orden contencioso-administrativo si cree que la norma no se le ha aplicado bien o que la resolución es directamente irregular). Sin embargo, paralelamente al procedimiento tasado en la justicia deportiva, el Murcia también presentó una solicitud de medidas cautelarísimas ante un juzgado de lo mercantil por la decisión organizativa de la LFP. Y aquí surgió el lío.

El juez encargado del caso estimó la medida solicitada por el Real Murcia, que no es otra que la readmisión del club en la Segunda división. Atendiendo al poco tiempo que faltaba para el comienzo de la competición y a la precaria situación económica de la entidad murciana, el juez decidió que el equipo debía continuar en esa categoría mientras no llegue una resolución definitiva, ya que el riesgo de desaparición al que se enfrenta el club en caso de ser descendido atenta contra la libre competencia en el sector. En el auto se afirma que las Sociedades Anónimas Deportivas deben regirse por las mismas disposiciones legales que el resto de sociedades mercantiles, por lo que el juez pone en duda la legalidad de una norma que limite su capacidad de competir en el mercado (en este caso, en el fútbol profesional) por culpa de sus deudas con Hacienda. Y es que, en cualquier otro sector, esa circunstancia no impide por sí sola que una empresa siga funcionando en el mercado.

Además, el juez usa el informe de la LFP en el que se dice que los clubes deben casi 500 millones a Hacienda para exponer sus sospechas de que no parece justo que un club que sólo debe 14 sea descendido y otros con deudas mayores no, especialmente cuando el Ministerio de Hacienda ha lanzado un comunicado en el que afirma que una deuda con la Agencia Tributaria no determina un descenso. Por todo ello, y a la espera de lo que tenga que alegar la LFP, estima la solicitud del Real Murcia y, dado que el club atraviesa una situación concursal, acepta que sólo tenga que depositar dos mil euros en concepto de caución para posibles daños y perjuicios que esta readmisión pueda ocasionar.

Dada la trascendencia de un caso que permanece abierto y todavía nos reserva muchos giros, y como mi formación en Derecho es prácticamente nula, me limitaré a recomendar la lectura de dos interpretaciones de la situación realizadas por sendos colaboradores del prestigioso portal iusport.com. El primero, de Javier Rodríguez Ten, comenta el peculiar auto del juez de lo mercantil que readmitía al Murcia en Segunda. El segundo, de Antonio Orús, se centra en la colisión entre derecho mercantil y deportivo que se plantea a raíz de esa decisión judicial.

Ante este auto, la LFP, para dar tiempo a que el procedimiento sumario iniciado ante el juzgado de lo mercantil acabe antes del inicio de la competición, decidió el pasado jueves 14 de agosto suspender el arranque de la Segunda División previsto para el día 23. Como el aumento de equipos en esa categoría debe ser aprobado también por la RFEF, ambos organismos han convocado reuniones de urgencia para decidir qué hacen con un caso que vuelve a poner de manifiesto la escasa previsión de nuestro fútbol. ¿De verdad nadie pensó que un club que se sintiera perjudicado podría recurrir su descenso? ¿Por qué, si la Liga empieza cada año más temprano, se sigue manteniendo la fecha del 31 de julio para comprobar si todo el mundo cumple con los requisitos? Futbolistas, entrenadores, aficionados, patrocinadores, televisiones... hay tantos intereses en torno a la competición que bien harían los clubes españoles en empezar a pensar con algo más de visión de conjunto.

Por último, conviene reflexionar también sobre otra cuestión. Mientras en los tribunales demuestra su categoría como abogado, en público Samper habla de persecución a su club y su persona, pero resulta francamente difícil de creer que los conflictos pasados, que existieron y han quedado más o menos explicados en este artículo, estén detrás de todo este problema: los nuevos estatutos fueron aprobados por una amplísima mayoría de miembros de la LFP, no por su presidente, y la delicada situación económica del Murcia, sin duda agravada por el cambio de criterio de Hacienda, es consecuencia directa de su gestión como propietario. Es decir, que los ratios no fueron diseñados específicamente por Javier Tebas para excluir al Murcia de Samper, como tampoco es razonable pensar que un alto cargo de la Agencia Tributaria tenga un desmedido interés por cargarse la reestructuración económica que ha emprendido el fútbol español (ni, por supuesto, al Real Murcia).

Pero el asunto es tan complejo y las relaciones son tan enmarañadas que no resulta difícil perderse entre tantas ramificaciones. Ramificaciones que, por otra parte, no todos están dispuestos a recorrer (así que, a los que habéis llegado aquí, gracias). Desgraciadamente, en este país hay demasiadas cosas importantes que dependen del criterio de individuos cuyas relaciones personales acaban marcando las acciones de los organismos a los que representan; así que, cuando menos, nos resulta peligrosamente creíble que ciertas decisiones se puedan tomar en función de esos conflictos personales. Sobre todo cuando esas mismas personas no dudan en lanzar públicamente acusaciones más o menos veladas de que buena parte de los problemas que les afectan se deben a ese tipo de rencillas. Lo malo, como digo, es que a veces uno puede llegar a pensar sin demasiado esfuerzo que es realmente así, y precisamente de eso se aprovechan los implicados para sumar apoyo popular a su posición y, de paso, escabullirse de sus propias responsabilidades. Pero, sinceramente, a determinados niveles hay muy poquitas venganzas que se sirvan tan frías. Esto no es nada personal, son sólo negocios.


http://www.spainsn.com/lfp-real-murcia-caso-abierto
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